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Iniciativa Legislativa Popular para la Proposición de la Ley Andaluza Contra la Pobreza Energética

El pasado 14 de Febrero los Andalucistas de Mairena del Alcor elevamos a Pleno una Moción mediante la que se insta a los Grupos Políticos con representación en la Cámara Andaluza a su debate y aprobación. Muchos ayuntamientos, además del nuestro, la han aprobado ya a propuesta de los concejales del antiguo PA. Ahora esperamos que los grupos presentes en nuestro Parlamento estén a la altura y la saquen adelante tras haber fracasado la anterior. A continuación la reproducimos en su totalidad para todas aquellas personas interesadas en conocerla al detalle:

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO de

MAIRENA DEL ALCOR

Dª. María Antúnez González, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, considerando el tema que a continuación se expone de carácter social, y por ello, de interés general

PROPONE

Para su debate, y en su caso aprobación la siguiente:

INICATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PREÁMBULO

La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, así como la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Con­sejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, contienen el mandato de garantizar el sumi­nistro de energía necesario para los clientes vulnerables estableciendo la prohibición de des­conexión de dichos clientes en períodos críticos, considerando, por otra parte, que podría aplicarse un enfoque integrado, por ejemplo, en el marco de la política social, de modo que las medidas para hacer frente a la pobreza energética puedan incluir políticas sociales o me­joras de la eficiencia energética para la vivienda.

Asimismo, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de oc­tubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece que debe asegurarse que los consumidores vulnerables de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética.

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que regula los consumidores vulnerables y el bono social, no define las características sociales, de consumo y poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable, sino que remite a la normativa de desarrollo y aclara que, en todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.

La disposición transitoria décima, en espera de que se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, concede el derecho a beneficiarse de la tarifa del bono social a consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, a consumidores de 60 años o más que sean pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad que perciban las cuantías mínimas, a consumidores que sean familia numerosa y a los consumidores que tengan a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo.

A pesar de estas medidas, la pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos, que ha agravado la situación. Medidas como el bono social eléctrico u otras, como los bonos sociales de entidades suministradoras de agua, no han tenido el efecto esperado a la hora de garantizar estos suministros básicos para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces.

Tal ineficacia se produce por una definición errónea de los destinatarios de las ayudas. El bono social eléctrico, puesto en marcha en 2009, es una tarifa con un descuento fijado por el Gobierno de España sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la nueva denominación de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que pretende proteger a un grupo de consumidores considerados vulnerables. Dos son los problemas que tiene esta medida: el primero es que la distribución se realiza sin tener como elemento clave la renta de las familias. Y el segundo, que se solicita exclusivamente a través de internet. El hecho de que se aplique el bono social sin solicitud de renta hace que el 80% de las solicitudes se hagan bajo el criterio de tener menos de 3 KW contratados y que un porcentaje muy alto de estas sean viviendas de segunda residencia, en las que son más habituales este tipo de contratos. En definitiva, se destinan recursos a las segundas residencias de hogares no vulnerables en lugar de destinarlos a las viviendas habituales de familias vulnerables.

El hecho de que la solicitud solo se pueda hacer por medios telemáticos hace que para los hogares vulnerables se añada una dificultad, puesto que es frecuente que las familias con dificultades económicas dejen de contratar esta conexión. Dicha situación resulta especial­mente palpable si se consideran las familias numerosas solicitantes del bono social, dado que no todas ellas están en una situación de vulnerabilidad clara que justifique la prioridad en la percepción de estas ayudas. El cambio en la forma de solicitud y la intervención de los Servi­cios Sociales competentes son fundamentales para hacer eficientes estas medidas.

El resultado es que entre el año 2011 y 2014, de acuerdo a los datos de la Comisión Na­cional del Mercado y la Competencia CNMC, han ido disminuyendo los usuarios que se  benefician de este tipo de tarifa social. Se trata de un descenso en el periodo en que la crisis económica en las familias ha sido más dura, por ejemplo con un notable aumento de hogares con todos sus miembros en paro. A ello debe añadirse que en estos años ha aumen­tado el gasto de municipios, y organismos privados, como Cáritas, a ayudas de urgencia, entre ellas, las que palían situaciones de pobreza energética.

Tabla 1. Evolución del número de consumidores con una potencia contratada inferior a 3Kw, distinguidos por tipo de consumidor. Años 2009 a 2014.

Años Consumidores con P<3 kW Desempleados Familias numerosas Pensionistas Total
2009 2646.928 15.032 64.832 277.815 3.004.607
2010 2.402.511 23.776 100.581 317.205 2.844.073
2011 2.169.869 31.067 118.611 307.893 2.627.440
2012 2.067.585 33.735 129.466 283.110 2.513.896
2013 1.986.822 48.881 150.872 283.790 2.470.365
2014 1.961.179 54.824 162.174 289.113 2.467.290
% 2014/2009 -25,91% 264,72% 150,14% 4,07% -17,88%

Fuente: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

El bono social para el gas tiene una formulación más reciente, a través de la reformulación de la Ley de Hidrocarburos. Más allá de los supuestos de acceso a dicho bono, lo verdadera­mente relevante es que se asocie el desarrollo del bono a la promoción del fracking. Los su­puestos de acceso aún no han sido desarrollados.

A la escasa eficiencia de las medidas para enfrentar el problema de la pobreza energética se unen los altos costes que los ciudadanos deben de afrontar una vez que, después de un corte del suministro, han de volver a activar el mismo. El conjunto de medidas puestas en marcha hasta este momento han obviado la relación existente entre pobreza energética y renta, que constituye la base sobre la que se fundamenta la presente ley.

Esta situación exige una inmediata respuesta de los poderes públicos para hacer efectivos los derechos proclamados por la Constitución Española a una vivienda digna y adecuada, con acceso a los suministros básicos para satisfacer las necesidades vitales que la dignidad de la persona requiere, así como para asegurar la protección social, económica y jurídica de la fa­milia y mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que ga­rantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, así como el derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, reconociendo asimismo en su artículo 16 que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. En coherencia con la cláusula de transformación social que contiene el artículo 9.2 de la Constitución Española, también el Estatuto de Auto­nomía de Andalucía incluye un mandato expreso a los poderes públicos de nuestra comunidad en materia de bienestar y cohesión social, orientado a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social.

Del mismo modo, sin perjuicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de vivienda (artículo 25); consumo (artículo 27); acción social (artículo 61.1a); aguas (artículo 50); energía, calidad del suministro y eficiencia energética (artículo 49.2b), y actividad de fomento (artículo 45), debe tenerse en cuenta la posibilidad que la Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016, de 17 de marzo, reconoce al legislador autonómico de desarrollar medidas asistenciales consis­tentes en prestaciones económicas tendentes a evitar la interrupción del suministro de elec­tricidad y gas a las personas vulnerables.

En ejercicio de las indicadas competencias y para garantizar el suministro energético a los ciu­dadanos y adoptar medidas de ahorro a largo plazo, se definen unas situaciones de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad que combinan la consideración del nivel de renta de las personas o uni­dades de convivencia con otras circunstancias sociofamiliares que justifican una mayor protección. Estas categorías ofrecen a los servicios sociales competentes para la valoración unas condiciones objetivas, junto a la propia imposibilidad de hacer frente a las facturas energéticas, para valorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que se define en distintos tramos de cobertura según la considera­ción de la situación como vulnerable o especialmente vulnerable.

En cuanto al procedimiento a seguir, se establecen dos vías de acceso a la ayuda, tanto a instancia de los usuarios afectados como a iniciativa de los propios servicios sociales compe­tentes. En este sentido, es importante la incorporación de las empresas suministradoras a la prevención de la pobreza energética, al establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas, así como deberes de abstención durante su tramitación que aseguren la efectividad de las ayudas.

A todo ello hay que unir la previsión de un conjunto de intervenciones de microeficiencia destinadas a generar ahorro en el consumo energético y, asimismo, a dinamizar sectores de producción que permiten una reconversión del modelo productivo hacia sectores de innova­ción que tienen el cuidado del medio ambiente como eje.

Con el objetivo de que las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnera­bilidad energética puedan tener acceso a formación y a un puesto de trabajo posterior, son precisos planes de cursos de formación y empleo específicos. Para enfrentar el problema de la pobreza energética hacen falta líneas de acción desde los diferentes departamentos exis­tentes a nivel laboral, social, sanitario y educativo que solucionen el problema no solo a corto plazo, sino también en el medio y largo plazo.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente ley la adopción de medidas para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Definiciones.

  1. A efectos de la presente ley, se entenderá por pobreza energética aquella situación de dificultad en la que se encuentra una persona o unidad de convivencia en la Comunidad Au­tónoma de Andalucía para hacer frente al pago del consumo energético con el que satisfacer sus necesidades domésticas básicas, lo que conlleva una falta de acceso normalizado a los servi­cios básicos de electricidad, gas y agua. Reglamentariamente, se determinarán el mínimo de servicios energéticos garantizados a los efectos de esta ley.
  2. Se entenderá por medidas para paliar y reducir la pobreza energética todas las actua­ciones encaminadas a disminuir sus efectos inmediatos, así como el número de personas que la padecen.
  3. Se entenderá por hogar en situación de vulnerabilidad la vivienda habitual de una per­sona o unidad familiar en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad.

Artículo 3. Definición de situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad.

  1. Tienen la consideración de personas o unidades de convivencia en situación de vulne­rabilidad aquellas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, que sufran o que tengan algún miembro que sufra violencia de género o violencia familiar, que sean o que tengan algún miembro que sea víctima de terrorismo, y aquellas que así se califiquen en virtud de las especiales circunstancias socioeconómicas que les afecten.
  2. a) Se entenderá por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o infe­riores a dos veces el IPREM, en cómputo anual.
  3. b) También se entenderá, entre otros supuestos, por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a dos veces el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se en­cuentren, además, bien individualmente o en el seno de la unidad de convivencia, en alguna de las situaciones que se relacionan a continuación:

1.ª La unidad de convivencia con, al menos, un menor a cargo.

2.ª La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

3.ª Persona que sufra violencia de género o unidad de convivencia en la que exista violencia de género.

4.ª Personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o desahucio por falta de pago de renta.

5.ª Víctimas de terrorismo.

6.ª Persona que tenga o unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33 %, situación de depen­dencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

7.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga un deudor hipotecario, que se en­cuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

8.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga una persona deudora hipote­caria mayor de 60 años.

9.ª Afectados por situaciones catastróficas.

  1. En situación de especial vulnerabilidad se encuentran las personas o unidades de con­vivencia cuyos miembros padecen una situación de vulnerabilidad agravada por sufrir una situación económica severa, o en la que se produce la concurrencia de factores como la edad, número de personas que integran la unidad de convivencia, discapacidad, dependencia, en­fermedad, exclusión social, víctimas de violencia de género o circunstancias que afecten a los derechos humanos, económicas, situaciones de desempleo, así como otras de naturaleza análoga que provoquen en la persona o unidad de convivencia una situación de especial riesgo de sufrir una grave desestructuración personal, económica, social o afectiva.
  2. a) Se entiende que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad las per­sonas o unidades de convivencia cuyos ingresos totales sean iguales o inferiores a una vez el IPREM, en cómputo anual.
  3. b) También se considerará en situación de especial vulnerabilidad a las personas o uni­dades de convivencia cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, además, en alguna de las situaciones relacionadas en la letra b del apartado anterior.
  4. Además de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, se entiende que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad aquellos casos de emergencia social que determinen los servicios sociales, de acuerdo con los criterios estable­cidos en los apartados anteriores.
  5. La situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad se acreditará, a solicitud de la persona o unidad de convivencia interesada, mediante informe de la Administración competente en materia de servicios sociales en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Ambas situaciones se mantendrán vigentes mientras permanezcan las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, sin perjuicio de su revisión periódica.

CAPÍTULO II

Medidas para paliar y reducir los efectos de la pobreza energética

Artículo 4. Ayuda en el pago de la factura del consumo energético.

  1. El derecho de acceso a los suministros básicos energéticos se garantizará mediante la concesión de las ayudas que por su naturaleza correspondan en el marco de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales, además de las ayudas de urgencia destinadas a resolver necesidades básicas de subsistencia.
  2. La situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad de una persona o unidad de convivencia conllevará el acceso a las ayudas de urgencia para el pago de los consumos energéticos que no puedan ser afrontados por su situación económica.

El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda se realizará previa acredita­ción de la necesidad por la persona o unidad de convivencia interesada y en las condiciones y cuantía que informen los servicios sociales correspondientes. Estas ayudas formarán parte del régimen de las ayudas de urgencia y tendrán naturaleza esencial.

  1. Las personas o unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán un pago de hasta el 100% de la fac­tura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la fina­lidad de evitar el corte de suministro.
  2. Las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán hasta el 50% de la factura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la finalidad de evitar el corte de suministro. Se podrá incrementar hasta el 75% tomando en consideración los miembros de la unidad de convivencia.
  3. En los dos casos anteriores se analizará, asimismo, la factura energética de los hogares para considerar si existen medidas disponibles de eficiencia energética que se puedan llevar a cabo de manera simultánea a la ayuda en la factura para evitar el corte del suministro.
  4. Las ayudas en el pago de la factura del consumo energético se concederán tanto para evitar el corte del suministro como para restaurarlo en el supuesto de haber sido interrumpido, de manera que el importe de la ayuda podrá incluir el coste para el beneficiario de la reanu­dación del suministro.
  5. El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda no podrá incluir los costes derivados de la interrupción del suministro ejecutado por el suministrador sin cumplimentar los procedimientos de información previstos en esta ley.

No obstante, el incumplimiento de los deberes de información que para asegurar la efecti­vidad de las ayudas establece la presente ley en ningún caso deberá impedir la reanudación del suministro a la persona o unidad de convivencia beneficiarios de la ayuda, por lo que ex­cepcionalmente podrán sufragarse los anteriores costes.

Artículo 5. Procedimiento para evitar la suspensión del suministro o proceder a su resta­blecimiento.

  1. Cuando los profesionales de los Centros de Servicios Sociales detecten el caso de una persona o unidad de convivencia en que se haya procedido o pueda procederse a la suspensión del suministro correspondiente a su vivienda habitual como consecuencia del impago de la fac­tura, realizarán una valoración técnica para verificar si cumplen los requisitos para ser benefi­ciario de las ayudas previstas en el artículo anterior. En este supuesto, se pondrá en conoci­miento del suministrador a los efectos de posibilitar la continuidad o restablecimiento del servicio.
  2. En el caso de que una empresa comercializadora de energía haya procedido o quiera proceder al corte del suministro en la vivienda habitual de una persona o unidad de convi­vencia por razones de impago, el usuario comunicará dicha circunstancia a los Servicios So­ciales competentes.
  3. Con el objetivo de asegurar la eficacia de las medidas de protección social establecidas en esta ley, existiendo acreditación de persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad o encontrándose la misma en tramitación, la empresa suministradora no procederá a la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de la prestación económica que corresponda destinada al pago de la factura del consumo energético.

Artículo 6. Cooperación con las empresas suministradoras.

  1. Las administraciones públicas establecerán los acuerdos o convenios necesarios con los suministradores de agua potable, de gas y de electricidad para el desarrollo de estas medidas para evitar la pobreza energética y apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad energética.
  2. Para evitar la interrupción del suministro por falta de recursos económicos de las per­sonas o unidades de convivencia en situación de riesgo de emergencia social, se fomentará la concesión de ayudas o la aplicación de descuentos en el coste de los consumos mínimos.
  3. El suministrador de los servicios básicos de agua potable, gas y de electricidad infor­mará a los usuarios, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de las previsiones relativas a la pobreza energética establecidas en esta ley.

Artículo 7. Incompatibilidades.

  1. La prestación establecida en esta ley es incompatible con otras ayudas destinadas a paliar las situaciones de pobreza energética.
  2. Se exceptúan de esta incompatibilidad las situaciones en las que las cuantías perci­bidas por estas ayudas sean inferiores a las establecidas en esta ley, en cuyo caso podrán completarse hasta el límite de las cuantías que como máximo cabe recibir conforme a esta ley, y durante los periodos del año en los que en un hogar en situación de vulnerabilidad no se esté recibiendo ningún pago en virtud de esta condición.
  3. En cualquier caso, el beneficiario de la prestación establecida en esta ley deberá hacer constar que es beneficiario de otra ayuda o que ha iniciado un trámite similar ante otra Admi­nistración Pública.

Artículo 8. Plan de medidas de eficiencia energética.

  1. El Gobierno de Andalucía elaborará un Plan de medidas de eficiencia energética en el que se priorizarán las actuaciones en hogares en situación de vulnerabilidad energética.
  2. Estas medidas estarán destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, el ahorro energético que permitirá reducir el consumo y, por lo tanto, el coste de la factura de electricidad, agua y gas en los hogares en situación de vulnerabilidad.

El Plan se instrumentará de manera que facilite a estos hogares la realización de audito­rías energéticas y la posterior implementación de las medidas propuestas más rentables.

  1. El Plan incluirá también acciones dirigidas a estudiar las posibilidades de reducir la po­tencia contratada de los hogares y se estudiará si concurre alguno de los presupuestos habi­litantes para solicitar el bono social, en caso de que el consumidor vulnerable no se estuviera beneficiando de dicha tarifa reducida.
  2. Este Plan tendrá una duración de tres años y para su elaboración se creará un Comité de seguimiento, que trabajará con las entidades locales y sus servicios sociales, así como con los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las em­presas de suministro energético a la hora de definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer una serie de indicadores que permitan evaluar los resultados de su implementación y arrojar datos sobre la reducción de la pobreza energética en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  3. Los hogares en situación de vulnerabilidad en esta materia tendrán prioridad en el acceso a las medidas de microeficiencia energética, con una financiación pública de sus intervenciones que supondrá entre el 25% y el 100% de su coste en función de la situación de vulnerabilidad.

Como acción previa y necesaria a la elaboración de este Plan, se realizará un proyecto piloto que permita profundizar en el conocimiento de las diferentes tipologías de las viviendas en cuanto a las características de sus cerramientos y de los equipos consumidores de energía, así como de los propios hábitos de consumo de las familias.

CAPÍTULO III

Financiación de las medidas previstas en la ley

Artículo 9. Financiación de la ayuda en el pago de la factura del consumo energético.

  1. La financiación de las prestaciones económicas dispuestas en esta ley dependerá de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las cuantías recaudadas por el cobro de las sanciones derivadas de esta ley podrán incorporarse a estas prestaciones económicas.

  1. El Gobierno de Andalucía impulsará ante el Gobierno de España aquellas modificaciones legislativas que permitan obtener tarifas más accesibles a las personas y hogares en situa­ción de pobreza energética y vulnerabilidad energética.

Artículo 10. Financiación de los planes de medidas de microeficiencia energética.

La financiación de las medidas de microeficiencia energética se podrá realizar mediante financiación autonómica, mediante fondos procedentes de la Administración General del Es­tado, como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y a través de fondos europeos por la implementación de los Programas Operativos de los Fondos EIE correspondientes al periodo de financiación 2014- 2020, enmarcados en el Acuerdo de Asociación firmado entre España y la Comisión Europea para el mencionado periodo.

CAPÍTULO IV

Procedimientos de tramitación y colaboración con las Administraciones locales

Artículo 11. Tramitación ante las entidades locales.

Las entidades locales pondrán a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que estos puedan solicitar las ayudas, así como otras medidas dispuestas en esta ley de manera pre­sencial, sin perjuicio de que se puedan habilitar los medios para solicitarla telemáticamente.

Artículo 12. Colaboración entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales.

La Comunidad Autónoma de Andalucía y las administraciones locales establecerán los ca­nales de colaboración y comunicación oportunos para la tramitación de las solicitudes y demás obligaciones establecidas en esta ley. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Andalucía establecerá con las entidades locales competentes los convenios de colaboración pertinentes para que estas puedan afrontar sus costes.

CAPÍTULO V

Régimen sancionador

Artículo 13. Inspección, control y potestad sancionadora.

La función de inspección, control y potestad sancionadora corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

Artículo 14. Infracciones y sanciones.

  1. Constituyen infracciones leves:
  2. a) El incumplimiento de la obligación de los beneficiarios de comunicar la percepción de otras ayudas para evitar o paliar el problema de la pobreza energética o de otras infor­maciones que les pudieran ser requeridas por los trabajadores sociales competentes para valorar la existencia del derecho a las ayudas reguladas en esta ley.
  3. b) El incumplimiento por los suministradores de los deberes de información que para ase­gurar la efectividad de las ayudas establece el artículo 6.3.
  4. Constituyen infracciones graves:
  5. a) La reiteración de las conductas tipificadas como infracciones leves.
  6. b) El incumplimiento por los suministradores de los deberes que para asegurar la efecti­vidad de las ayudas establece el artículo 5.3.
  7. Constituirá infracción muy grave la reiteración de las conductas tipificadas como infrac­ción grave en el apartado anterior.
  8. Se establecen las siguientes sanciones:
  9. a) Las infracciones leves serán sancionadas con la suspensión del derecho de acceso a las ayudas previstas en esta ley por un tiempo no superior a 3 meses o con multa equi­valente al resultado de multiplicar hasta 25 la cantidad adeudada.
  10. b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de mul­tiplicar hasta 50 la cantidad adeudada.
  11. c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de multiplicar hasta 100 la cantidad adeudada.

Disposición adicional única. Evaluación de las medidas sobre pobreza energética.

  1. La Administración de la Comunidad Autónoma, en el plazo de seis meses desde la apro­bación de esta ley, presentará un estudio de evaluación de las medidas aplicadas en materia de pobreza energética. En él se contendrá una memoria descriptiva de los procedimientos activados en el marco de los convenios firmados con los diferentes suministradores, para evitar la suspensión del suministro, el análisis de las necesidades básicas energéticas a los efectos de considerar el mínimo vital garantizado y recomendaciones de actuación.
  2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales de Andalucía, con la participación de la Federación Andaluza de Municipios y Pro­vincias, actuarán bajo el principio de colaboración en el estudio, análisis e implantación de medidas para evitar y superar la pobreza energética.
  3. En el seno del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales, se incluirá el análisis de la pobreza energética y las líneas de acción a desarrollar en el conjunto de las políticas sociales.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno de Andalucía aprobará el reglamento de desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de la inmediata implementación de las prestaciones para paliar las situaciones de vulnerabilidad en materia de pobreza energética.

Disposición final segunda. Plazo para la aprobación del Plan de medidas de eficiencia energética.

El Plan de medidas de eficiencia energética deberá estar aprobado en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final tercera. Publicación y entrada en vigor.

La presente Ley se publicará en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”, y entrará en vigor el día si­guiente al de su publicación.

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista de Mairena del Alcor eleva al pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta.

 

SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la Iniciativa, se aprueba que el representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea Dª María Antúnez González como Portavoz del Grupo Andalucista, promotor de la iniciativa en Mairena del Alcor, y suplente el edil que la Corporación que se decida por mayoría suficiente.

En Mairena del Alcor, a 18 de enero de 2017.

Fdo: María Antúnez González

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor

Texto completo de la moción contra el cambio de fecha de la feria de Sevilla

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO de MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)

Dª. María Antúnez González, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista de Mairena del Alcor, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con inesperada sorpresa y gran incertidumbre, los Andalucistas de Mairena del Alcor, al igual que no pocos ciudadanos maireneros, hemos asistido perplejos a las declaraciones del Alcalde de Sevilla, Don Juan Espadas, recogidas en los medios de comunicación con motivo del arranque de la feria de la capital andaluza, en las cuales y para nuestra preocupación propone celebrar este año un referéndum entre la población hispalense al objeto de ampliar la feria de abril sevillana a ocho días, arrancando en sábado.

Como es por todos conocido, y debido a la escasez de fechas por la variabilidad de la Semana Santa, no son pocos los años en los que la Feria de nuestra localidad, Mairena del Alcor, se celebra la semana inmediatamente anterior a la hispalense. Por lo que, de llevarse a cabo la materialización de esta propuesta, y más aún si fuera refrendada por los sevillanos, ocasionaría graves perjuicios a la feria mairenera, que se vería de ese modo pisada por la sevillana, y precisamente en sus dos días más importantes, los que coinciden con el fin de semana y la llegada masiva de personas del exterior. Todo ello con claro y gravísimo perjuicio para Mairena y su feria, la primera.

Para agravamiento del caso, concurren circunstancias lamentables por todos conocidas, como el indiscutible hecho de que nuestra feria, siendo la primera, ya ha recibido demasiados perjuicios desde que en 1847 Isabel II concediera autorización para la celebración de la hispalense, según el proyecto impulsado por los empresarios Narciso Bonaplata y José María de Ybarra, que había sido redactado con un solo año de antelación.

A partir de ahí, y no teniendo suficiente con el hecho objetivo de clara competencia que el surgimiento de la feria en la capital andaluza supuso para la feria ganadera del pasado, casi desleal habida cuenta de la desigualdad entre una capital de la magnitud de Sevilla y un pueblecito como Mairena, que entonces además era pequeño, luego ha habido varios intentos de solapar la mundialmente conocida feria hispalense con la mairenera, no sólo la primera, sino asimismo inspiradora y madre de aquella. Sin embargo, y a pesar de todo, en las últimas décadas se había llegado a una solución de compromiso para que la de Sevilla nunca comenzara antes de terminar la de Mairena del Alcor, hecho que tal vez el señor Espadas desconozca, pues a priori (aunque sin descartarlo) los Andalucistas no queremos hablar de acto de mala como inspirador de su iniciativa.

Así que, en opinión de los Andalucistas maireneros, hay que actuar con rapidez para que la idea no se llegue a plasmar, y para ello entendemos que se requiere actuar decidadamente y con determinación, desde luego por la vía diplomática, pero sin renunciar a otras de carácter administrativo, judicial o de  presión popular que frustren el atropellado al que nuevo parece que se nos quiere someter.

Por todo lo cual, proponemos al pleno de Maierna del Alcor la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Establecer con vía de urgencia y al máximo nivel un diálogo institucional con el alcalde de Sevilla, a través de los cauces que se estimen más efectivos, al fin de hacerle conocedor de todos los antecedentes que obran en el asunto, es decir, los acuerdos alcanzados en el pasado, así como mostrarle la documentación existente al respecto, con la idea de persuadirle en su intento.

SEGUNDO.- Pedir respeto al Ayuntamiento de Sevilla a la hora de fijar el calendario de su fecha, y que se respete en su integridad el desarrollo de la de Mairena del Alcor, así como su rango y el privilegio de poner fecha al ser la primera.

TERCERO.- Si la demanda no es respetada, como sí lo han hecho los anteriores mandatarios de la capital hispalense, continuar la lucha por todas las vías posibles, desde la administrativa a la judicial, pasando por las movilizaciones ciudadanas que frenen la injusta aventura. Y, a la vez, sin renunciar al arbitraje de cualquier personalidad o institución pública o privada que se estime conveniente que nos pudiera auxiliar.

CUARTO.-  Trasladar a la opinión pública y las administraciones por todas las vías posibles y desde el Ayuntamiento de Mairena del Alcor la clara idea de que los derechos históricos de los pueblos, y en este  caso el nuestro, no pueden ser atropellados por ninguna ciudad por grande que sea, ni por ninguna circunstancia de conveniencia.

En Mairena del Alcor, a 12 de abril de 2016

Entrevista a Lidia López, mairenera en la lista del PA por Sevilla al Parlamento Andaluz

El próximo 22 de marzo tendremos las nuevas elecciones al Parlamento de Andalucía, ¿Qué se siente al ser candidata en las listas del Partido Andalucista por Sevilla?

En primer lugar, agradecida de que mis compañeros hayan pensado en mí para formar un grupo de hombres y mujeres que aporten sus ideas, su trabajo, su energía, en pro de nuestra tierra, y pueda llevar las necesidades de Mairena a donde puedan ser oídas y solventadas. También lo asumo con responsabilidad que para mi supone.

¿Cómo recibieron la noticia en casa?

Con gran aceptación y apoyo hacia mi labor política. Sin su entendimiento y apoyo para las personas que trabajamos desinteresadamente en un proyecto político sería imposible.

¿Qué ofrece el PA a los electores que no ofrecen otros partidos?

Otra visión de hacer política. Partiendo de que se hace un proyecto desde Andalucía y para Andalucía, sin perder de vista la solidaridad entre los pueblos, ofrecemos  y hemos demostrado saber hacer con honradez.

¿Por qué piensa que los andaluces y andaluzas deberían dar una oportunidad al PA?

Porque ya hemos visto que el bipartidismo centralista ha fracasado, ha sido un poder corrupto, es el momento de dar la oportunidad a nuevas formas de hacer política, somos un partido con gran trayectoria, con experiencia, pero renovado, con hombres y mujeres andaluces, conocedores de nuestra realidad y con un objetivo común, sacar a Andalucía de la pobreza.

¿Piensa que el PA y sus políticas históricas hubieran podido cambiar la situación de atraso que sigue viviendo Andalucía?

Por supuesto, nada más hay que ver el mapa político de España, donde los territorios que más han evolucionado y se han desarrollado son los que su pueblo ha confiado en políticas y formaciones políticas nacionalistas; no hubiéramos dejado marcar un rumbo centralista, marcado por políticas de sillones de Madrid, de hecho  recordemos decisiones en la historia reciente  donde el PA ha sido clave, como el desbloqueo del proceso autonómico.

¿Qué opina de las recientes encuestas donde sitúan al PA con posibilidades de regresar al parlamento andaluz?

Más que opinar siento un gran optimismo; es inconcebible que en el Parlamento de Andalucía no esté el PA.  Es necesario que el PA esté para llevar los problemas reales de los andaluces y andaluzas, con propuestas reales. Sin estar representado, en esta legislatura hemos llevado al Parlamento Andaluz propuestas como la Renta Social Básica, como iniciativa legislativa popular, apoyada por decenas de consistorios andaluces, y también la Ley de Transparencia.

¿Cuánto tiempo lleva siendo miembro del PA de Mairena del Alcor? ¿Cómo fue su acercamiento a este organismo? 

Andalucista desde que tengo uso de razón, en el PA desde la mayoría de edad. El andalucismo lo he vivido desde mi infancia. Para mí no es solo un partido político, es una forma de entender y sentir la vida. Tuve inquietudes políticas y decidí desde muy joven que era en el PA donde debía estar, y desde donde podía trabajar por  el bien de los andaluces y andaluzas, por un futuro más próspero para Andalucía, y desde entonces he pertenecido a la agrupación de Mairena del Alcor.

Cuéntenos un poco cuál ha sido trayectoria política en todo este tiempo

Desde los inicios, como he dicho, he pertenecido a la agrupación de Mairena, y también a Juventudes Andalucistas. Pertenezco al Comité Local desde hace muchos años, con distintos cargos, actualmente la secretaría de organización, yendo también desde entonces en las candidaturas a las elecciones municipales. También he representado a la agrupación de Mairena en el Comité Comarcal durante varios años, haciéndome conocedora de la realidad de la comarca de los Alcores. Luego, desde 2012, soy miembro del Comité Provincial como Secretaria de Educación.

Este año también se celebrarán las elecciones municipales, ¿Irá también en la lista del PA de Mairena del Alcor?

Aunque no tengamos oficializadas la lista de candidatos, solo la Candidata número uno, María Antúnez, puedo afirmar que sí.

¿Cómo calificaría en estos últimos cuatro años, al gobierno mairenero del que el PA forma parte?

Creo que ha sido una legislatura difícil, por los momentos tan complicados que estamos viviendo y por la herencia nefasta recibida del anterior equipo de gobierno, pero hemos podido demostrar la forma de trabajar de los andalucistas, con sensatez, esfuerzo y trabajo diario. Necesitábamos la oportunidad de demostrar que sabemos gobernar, que gobernamos para nuestro pueblo, trabajamos por nuestros vecinos, con honradez.

María Antúnez y Chema Cejudo son los dos concejales del PA integrantes del actual gobierno municipal, ¿qué me puede decir de ellos?

Destacar su constancia, su trabajo y su compromiso con el pueblo de Mairena. Acertados en las decisiones tomadas, a veces difíciles, firmes y rotundos en sus planteamientos, comprensivos con las necesidades de los maireneros y maireneras, en definitiva, creo que han estado a la altura y han llevado una legislatura con la sensatez y buen hacer que nuestro pueblo necesitaba.

De cara a las próximas elecciones municipales, ¿Cree que el PA mejorará sus resultados con respecto a las elecciones del 2011?

Estoy convencida de que mejoraremos los resultados y espero que nuestros vecinos y vecinas valoren nuestro trabajo, confíen aún más en el Partido Andalucista, para seguir trabajando por nuestro pueblo. De hecho, en las últimas elecciones europeas en Mairena triplicamos el número de votos.

¿Qué le diría a todas aquellas personas que dicen que todos los partidos políticos son iguales?

Que no se dejen manipular por los medios de comunicación, y se acerquen por sí mismos a la realidad, sean críticos y vean qué hay más que el bipartidismo; que den la oportunidad al Partido Andalucista, valoren nuestro  trabajo y saquen sus propias conclusiones, que no tengan miedo al cambio, que en eso consiste la democracia, tenemos la oportunidad de cambiar cada cuatro años si no nos convencen nuestros gobernantes, siendo ésta la forma que tenemos los ciudadanos de decidir.

¿Piensa que los ciudadanos deberían involucrarse más en estos temas? 

Claro que sí, la política está en el día a día de los ciudadanos, y la participación es la forma de enriquecer  la democracia y la convivencia. Los partidos políticos necesitamos conocer la realidad y que los ciudadanos nos hagan llegar iniciativas, inquietudes y necesidades. Involucrarse en la política es hacer de todos el proyecto de futuro para nuestra tierra.

¿Cree que el PA le ha aportado algo en estos años?

Mucho. Lo primero compañeros y compañeras, ahora amigos y amigas, con muchas vivencias compartidas. Me ha aportado conocimiento en muchos ámbitos, madurez política.

¿Recomienda esta experiencia?

Completamente recomendable. De hecho animo a todo aquel que tenga inquietudes, ganas de trabajar por nuestra tierra, por nuestro pueblo, por nuestro futuro, venga a conocer de primera mano al Partido Andalucista, estamos abiertos a todo aquel que quiera aportar ideas, trabajo, iniciativas…

Lidia, como broche final, que le dirías a los andaluces y andaluzas.

Que el próximo 22 de marzo, Andalucía se juega su futuro,  por eso hay que ir a votar haciendo un acto de reflexión y de responsabilidad, porque Andalucía no se merece ni paro, ni miseria, ni pobreza ni corrupción. Por eso creo que es momento de confiar en nosotros mismos, en andaluces y andaluzas unidos en la misión de llevar a Andalucía al progreso a través de una alternativa real, porque hemos demostrado que somos el único partido que defiende Andalucía por encima de cualquier ideología, votar al Partido Andalucista es votar a la única alternativa de progreso netamente andaluza. Entre todos lo haremos posible, y para eso necesitamos el apoyo de todos los andaluces y andaluzas.

Lidia3

Asamblea informativa del Sindicato Andaluz de trabajadores/as en Mairena del Alcor

El próximo jueves 24 de octubre en «La Villa del conocimiento y las artes» de Mairena del Alcor, a partir de las 20:00 de la tarde, Read more

JORNADAS ANDALUCISTAS

26  DE OCTUBRE SANTIPONCE

 

Desde el Comité Provincial de Sevilla y cumpliendo con nuestro programa de actividades y objetivos de formación, hemos organizado las 2º JORNADA  ANDALUCISTA para el día 26 de octubre en la localidad sevillana de Santiponce.

El programa de las jornadas os lo adjuntamos en el Díptico, donde encontraréis amplia información de las actividades.

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