Moción sobre la Creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social, Dirigida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdadad

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO de MAIRENA DEL ALCOR

Dª. María Antúnez González, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, considerando el tema que a continuación de expone es de carácter social, y por ello, de interés general considerar oportuno y necesario elevar al pleno para sus debate y aprobación, si así se coincide como necesario por el resto de formaciones políticas que lo integran la siguiente

MOCIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL, DIRIGIDA AL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EN BASE A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES



FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Artículo 29 de la Constitución Española.

II.- Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de Petición.

III.- Legitimación activa, establece el artículo 29.1 de la Constitución Española que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Por su parte el artículo 1 de la L.O. 4/2001 que la ostenta toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario.

IV.- Legitimación pasiva, señala el artículo 2 de la L.O. 4/2001 que el derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta.

V.- Objeto, según el artículo 3 de la citada L.O. 4/2001 las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.

RAZONAMIENTOS

Primera.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE PROMULGACIÓN DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL (L.R.P.E.S).

1.1.- La E.S. es imprescindible para abordar  determinadas necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas.

La consciencia de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de construir un mundo en el que compartir bienes de forma más equitativa son algunos de los factores que explican y justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido adquirir la E.S. en el Estado en las últimas décadas.

La E.S. posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

En el Estado Social, Democrático y de Derecho la demanda y la oferta de tareas socioeducativas se ha multiplicado, se han ido abriendo nuevos espacios sociales para atender necesidades y demandas  educativas: el acceso a la vida social. En este sentido puede afirmarse que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela.

1.2.- La E.S como una prestación educativa, al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho.

1.      Igualdad de todos lo/as  ciudadanos/as.

2.      Máximas cuotas de justicia social.

3.      El pleno desarrollo de la consciencia democrática.

Por ello, se considera que la educación es un derecho de la ciudadanía porque así lo avalan los marcos jurídicos internacionales, nacionales y autonómicos.

1.3.- La E.S es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.

La E.S como profesión, consiste en el proceso de búsqueda y mejora de algunas ocupaciones (en un contexto geográfico determinado, bajo condicionantes sociales, culturales, políticos y económicos específicos) que se recorren para cualificarse cuantitativa y cualitativamente, dotándose de recursos que indicarían el grado de estabilización.

Estas serían:

1. La existencia de un cuerpo de conocimientos específico que proviene de la investigación científica y de la elaboración teórica en el ámbito que abrace cada profesión (en el caso de los/as educadores/as sociales la disciplina de Pedagogía Social).

2. La existencia de una comunidad que comparte una misma formación específica (la Diplomatura o Grado de E.S).

3. El desarrollo de unas funciones públicas y específicas con planteamientos comunes y técnicos de intervención profesional, con retribución económica reconocida por la tarea desarrollada y la asunción de un compromiso ético de la profesión hacia sus clientes o usuarios.

4. La existencia de una normativa interna para el grupo profesional que permite el autocontrol de sus miembros por parte del colectivo profesional (colegios profesionales).

1.4.- Las funciones de las/os profesionales de la E.S en la sociedad.

1. Analizar e investigar los contextos sociales y educativos para orientar las políticas en esta materia e implementar planes, programas y proyectos para atender las necesidades y aspiraciones educativas, formativas y culturales de las ciudadanas y los ciudadanos.

2. Contribuir al desarrollo de las capacidades de cada persona y a la puesta en valor social de sus aptitudes, conocimientos y experiencia en distintos contextos sociales.

3. Generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas, que posibiliten el desarrollo individual, familiar y/o colectivo a través de acompañamientos y orientación, mediando a nivel social, cultural y educativo.

4. Gestionar y dirigir equipamientos, programas, servicios educativos, sociales y culturales, con equipos interdisciplinares en organizaciones públicas o privadas que garanticen derechos humanos y subjetivos de la ciudadanía.

5. Potenciar la transmisión, el desarrollo y la promoción de la cultura.

1.5.- La E.S abarca amplios e importantes campos en nuestra sociedad.

Ámbitos de intervención de las Educadoras y los Educadores Sociales (entre otras):

1.      Las adicciones.

2.      El desarrollo comunitario y la participación ciudadana.

3.      La diversidad funcional.

4.      La educación ambiental.

5.      La educación para la convivencia.

6.      Educación de personas adultas.

7.      La educación y orientación familiar.

8.      Prevención de la dependencia.

9.      Igualdad de género y prevención de la violencia

10. Instituciones penitenciarias e inserción social.

11. Infancia y juventud.

12. Mediación.

13. Salud mental.

14. Tiempo libre, animación y gestión cultural.

15. Migraciones, Derechos Humanos, Solidaridad y Cooperación Internacional

16. Personas mayores.

17. Aprendizaje a lo largo de la vida.

Cabe destacar la presencia de la E.S en los servicios sociales municipales. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, ha sido progresiva a lo largo de los últimos 20 años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental.

Pero, sin duda, es en el campo de los centros de atención a menores, en el que se produce una mayor presencia de profesionales de la E.S, tanto en el ámbito de la reeducación, como en el de la reinserción y la protección.

1.6.- Falta de adecuación terminológica de la profesión de E.S.

La figura del Educador y la Educadora Social existe tanto en la empresa privada como en la Administración Pública, si bien, la falta de regularización de la profesión hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional así como de las funciones asignadas a la misma.

Por ello se hace necesario adecuar la denominación de Educador/Educadora Social a los cargos ocupados, con los requisitos necesarios para el acceso en función de la titulación y elaboración de planes de desarrollo de las acciones que se deben ejecutar.

Segundo.- MARCO NORMATIVO ACADÉMICO DE LA E.S.

El reconocimiento académico y formativo de la E.S. se articuló a partir de la aprobación en el año 1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de Agosto, el cual reguló el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de educación social, una titulación universitaria de primer ciclo creada por el influjo de la reforma universitaria de 1981. Según el Real Decreto 1420/1991, son directrices generales propias de los planes de estudio:

“Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Diplomado en Educación Social deberán orientarse a la formación de un educador en los campos de: la educación no formal, la educación de adultos (incluidos los de la tercera edad), la inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socioeducativa (R.D. 1420/1991, BOE de 10 de octubre, preámbulo)”.

A partir de esa fecha, las distintas universidades han ido elaborando sus planes de estudio y la Diplomatura en Educación Social se convierte en Grado de Educación Social, impartiéndose en todas las comunidades autónomas.

Los/as profesionales de la educación social trabajan con el objetivo de ayudar en el proceso de socialización y desarrollo personal a los destinatarios de su intervención de la siguiente forma:

·        Mejorar las competencias y aptitudes de los individuos a través de procesos de enseñanza-aprendizaje.

·        Promocionar la autonomía e independencia de las personas,

·        Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales.

·        Favorecer la participación de los grupos e individuos.

·        Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo.

·        Favorecer el desarrollo sociocultural, socio-laboral, institucional y comunitario.

·        Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica.

·        Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social.

·        Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la realidad sociopolítica.

·        Propiciar cambios de valores, actitudes y comportamientos de las personas acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos comunitarios  transformación social.

Las actividades para las que habilita esta formación son muy variadas: animación sociocultural, trabajo en la administración pública en áreas de juventud, cultura, educación y bienestar social, dirección de centros de menores, animación de actividades extraescolares, programas de prevención de la marginación, turismo juvenil, turismo social y cultural, programas de formación ocupacional, educación de adultos, etc. Ahora bien, sea cual fuere el enfoque desde el cual se contempla la «actividad del/la educador/a social», parece evidente que ésta viene determinada, principalmente, por el ámbito social de su trabajo y el carácter educativo de su intervención.

Con el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se elevan estos estudios al rango de Título de Grado en E.S.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Apoyar la petición del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES), presentado ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Congreso de los Diputados con fecha 27 de diciembre de 2016, con las consideraciones y argumentos recogidos en este acuerdo Plenario.

SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo Plenario al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, al Consejo General de Colegios Profesionales y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En Mairena del Alcor, a 23 de abril de 2017.

Fdo: María Antúnez González

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista

Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor

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