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Los Andalucistas piden a la Diputación más oportunidades para los cantaores de Mairena y la provincia

Mediante moción recogiendo las inquietudes del sector, pide que se exija reciprocidad en la contratación de artistas por las demás diputaciones

El Grupo Municipal Andalucista considera que nuestro pueblo, Mairena del Alcor, goza del privilegio por tradición, afición, empeño y ejercicio de poseer un enorme potencial en el sector del flamenco, si bien sus posibilidades de promoción no siempre quedan debidamente atendidas con el apoyo que se les brinda desde sectores institucionales ajenos al ámbito local. De este modo, la formación que encabeza María Antúnez se ha hecho eco de las demandas que plantea una buena parte del nutrido sector, al objeto de que otras administraciones con mayor peso económico y capacidad de influencia, dispensen un mejor trato a los artistas que desde nuestra localidad se tratan de abrir paso en el cada día más reconocido sector, a sabiendas de que a su carácter artístico se suma también de un tiempo a esta parte su potencial como revulsivo del turismo cultural.

Entienden los Andalucistas maireneros, en consonancia con el sector, que instituciones de ámbito de acción geográfico tan importante como la Diputación no está actuando correctamente en su cometido, cuando con unos programas artísticos tan extensos y variados como los que implementa, podrían hacerlo perfectamente, contribuyendo de manera notable a dar vida y promoción a los artífices de este arte tan nuestro,  en todas sus variables. Y no solo por sus propias actuaciones, sino por el efecto palanca que su buena práctica tendría en el quehacer de otros organismos de índole privada, que terminarían así por descubrir y alentar a dichos artistas contando con ellos para sus programaciones. Con su lógica contribución al éxito.

Siendo aquí precisamente donde radica la queja del sector, que con la moción del PA de Mairena se quiere revertir, pues la Diputación Provincial de Sevilla contrata a nivel de igualdad a artistas de todas las provincias, sin que al efecto se exija trato de reciprocidad, resultando que las otras se centran de manera prioritaria en la contratación de artistas de sus demarcaciones territoriales, ocasionando un claro perjuicio a la amplia nómina de artistas sevillanos, y proporcionalmente, a la abultada de maireneros.

Por eso, los Andalucistas esperan que el resto de formaciones de la localidad se sumen a la propuesta al objeto no sólo de pedir a la Diputación que modifique su estrategia programadora, exigiendo compromiso de igualdad de trato a los restantes entes provinciales. Pero también, recomendando que en la media de lo posible entre todos tratemos de influir para que en las programaciones a nivel de la Comunidad Autónoma, ya sean públicas o privadas, se recoja con mayor profusión a artistas maireneros, en digna proporción con su calidad artística y representación numérica, circunstancias que no siempre están aquilatadas. Para ello, resultaría interesante que la Junta de Andalucía a través de su instituto de Flamenco se mostrara más sensible con nuestro sector local, tanto en su propio ámbito de actuaciones como en virtud del peso que su capacidad coordinadora le aporta de cara a las programaciones privadas en la Comunidad Autónoma.

Los Andalucistas piden para Sevilla una de las dos sedes que dejarán Londres tras el Brexit

Son la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Bancaria Europea (EBA)

 

El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha elevado a pleno para su debate en el próximo, y aprobación en su caso, una aspiración de marcado carácter europeísta, en consonancia con la tradición de sus distintas siglas a través del tiempo, y que ahora debido a las circunstancias políticas continentales y mundiales adquiere mayor relevancia en opinión de la formación, pues se trataría de una nueva oportunidad para atraer inversiones, empleo y progreso a Sevilla y su entorno. Consistente en atraer a la capital andaluza alguna de las dos sedes de agencias europeas residenciadas en Londres, y que tras el Brexit tendrán que deslocalizarase.

La propuesta consiste básicamente en solicitar a las administraciones la radicación de Sevilla de una ellas, y para ello se apela a trabajar por conseguirlo, empezando por la Andaluza y más cercana, pero sin desviar el objetivo a la central por su peso o influencia en la negociación, y la europea como la que finalmente tomará la decisión. Para ello, los Andalucistas creen que hace falta una ardua tarea de gestión, quejándose de que ningún gobierno o siglas políticas hayan mostrado sensibilidad hasta ahora sobre el tema, que no obstante no hay que desestimar, según la formación, y ello debido a factores diversos.

El primero, el histórico déficit de empleo que arrastra nuestra tierra, que con medidas como ésta puede ser contrarrestado. Sevilla sería según la propuesta una buena opción, dadas las características de la ciudad y su ubicación geográfica. En tal sentido, los Andalucistas destacan las buenas infraestructuras de la ciudad y sus comunicaciones, tanto con el resto de España como Europa y el mundo. Además de su capacidad y experiencia en la materia, o la existencia en la ciudad y entorno de personal cualificado, dado su carácter de sede administrativa principal de la Junta de Andalucía desde hace casi cuatro décadas. Como asimismo la posesión de edificios y terrenos que se pueden facilitar sin mayores problemas. A todo lo cual suma su situación geográfica entre Europa y África, o su proximidad con Portugal, que es otro estado miembro que se beneficiaría. Apelando, como último factor de peso, a la clara posición europeísta que ha adoptado España como país ante la nueva fase que se iniciará cuando entre en vigor el Brexit. Que en opinión del Grupo Andalucista, debe de ser aprovechado para arrancar beneficios como el que se reclama, del que sería justo que se beneficiara la Comunidad.

Londres dejará de pertenecer próximamente al espacio político compartido, tras el referéndum del 23 de junio de 2016. En su seno acoge las sedes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que tendrán que ser ubicadas en otros lugares. Existe por ello algún movimiento para situar alguna de ellas en Barcelona, sin que hasta el momento se conozca ninguna iniciativa o puja de Sevilla por alguna de ellas, para asombro de los Andalucistas, que por el contrario sí lo creen oportuno, necesario, importante y conveniente.

 

Moción sobre la Creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social, Dirigida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdadad

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO de MAIRENA DEL ALCOR

Dª. María Antúnez González, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, considerando el tema que a continuación de expone es de carácter social, y por ello, de interés general considerar oportuno y necesario elevar al pleno para sus debate y aprobación, si así se coincide como necesario por el resto de formaciones políticas que lo integran la siguiente

MOCIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL, DIRIGIDA AL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD EN BASE A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES



FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Artículo 29 de la Constitución Española.

II.- Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de Petición.

III.- Legitimación activa, establece el artículo 29.1 de la Constitución Española que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Por su parte el artículo 1 de la L.O. 4/2001 que la ostenta toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario.

IV.- Legitimación pasiva, señala el artículo 2 de la L.O. 4/2001 que el derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta.

V.- Objeto, según el artículo 3 de la citada L.O. 4/2001 las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.

RAZONAMIENTOS

Primera.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE PROMULGACIÓN DE UNA LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL (L.R.P.E.S).

1.1.- La E.S. es imprescindible para abordar  determinadas necesidades sociales a las cuales da solución con actuaciones específicas.

La consciencia de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de construir un mundo en el que compartir bienes de forma más equitativa son algunos de los factores que explican y justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido adquirir la E.S. en el Estado en las últimas décadas.

La E.S. posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

En el Estado Social, Democrático y de Derecho la demanda y la oferta de tareas socioeducativas se ha multiplicado, se han ido abriendo nuevos espacios sociales para atender necesidades y demandas  educativas: el acceso a la vida social. En este sentido puede afirmarse que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela.

1.2.- La E.S como una prestación educativa, al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho.

1.      Igualdad de todos lo/as  ciudadanos/as.

2.      Máximas cuotas de justicia social.

3.      El pleno desarrollo de la consciencia democrática.

Por ello, se considera que la educación es un derecho de la ciudadanía porque así lo avalan los marcos jurídicos internacionales, nacionales y autonómicos.

1.3.- La E.S es una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.

La E.S como profesión, consiste en el proceso de búsqueda y mejora de algunas ocupaciones (en un contexto geográfico determinado, bajo condicionantes sociales, culturales, políticos y económicos específicos) que se recorren para cualificarse cuantitativa y cualitativamente, dotándose de recursos que indicarían el grado de estabilización.

Estas serían:

1. La existencia de un cuerpo de conocimientos específico que proviene de la investigación científica y de la elaboración teórica en el ámbito que abrace cada profesión (en el caso de los/as educadores/as sociales la disciplina de Pedagogía Social).

2. La existencia de una comunidad que comparte una misma formación específica (la Diplomatura o Grado de E.S).

3. El desarrollo de unas funciones públicas y específicas con planteamientos comunes y técnicos de intervención profesional, con retribución económica reconocida por la tarea desarrollada y la asunción de un compromiso ético de la profesión hacia sus clientes o usuarios.

4. La existencia de una normativa interna para el grupo profesional que permite el autocontrol de sus miembros por parte del colectivo profesional (colegios profesionales).

1.4.- Las funciones de las/os profesionales de la E.S en la sociedad.

1. Analizar e investigar los contextos sociales y educativos para orientar las políticas en esta materia e implementar planes, programas y proyectos para atender las necesidades y aspiraciones educativas, formativas y culturales de las ciudadanas y los ciudadanos.

2. Contribuir al desarrollo de las capacidades de cada persona y a la puesta en valor social de sus aptitudes, conocimientos y experiencia en distintos contextos sociales.

3. Generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas, que posibiliten el desarrollo individual, familiar y/o colectivo a través de acompañamientos y orientación, mediando a nivel social, cultural y educativo.

4. Gestionar y dirigir equipamientos, programas, servicios educativos, sociales y culturales, con equipos interdisciplinares en organizaciones públicas o privadas que garanticen derechos humanos y subjetivos de la ciudadanía.

5. Potenciar la transmisión, el desarrollo y la promoción de la cultura.

1.5.- La E.S abarca amplios e importantes campos en nuestra sociedad.

Ámbitos de intervención de las Educadoras y los Educadores Sociales (entre otras):

1.      Las adicciones.

2.      El desarrollo comunitario y la participación ciudadana.

3.      La diversidad funcional.

4.      La educación ambiental.

5.      La educación para la convivencia.

6.      Educación de personas adultas.

7.      La educación y orientación familiar.

8.      Prevención de la dependencia.

9.      Igualdad de género y prevención de la violencia

10. Instituciones penitenciarias e inserción social.

11. Infancia y juventud.

12. Mediación.

13. Salud mental.

14. Tiempo libre, animación y gestión cultural.

15. Migraciones, Derechos Humanos, Solidaridad y Cooperación Internacional

16. Personas mayores.

17. Aprendizaje a lo largo de la vida.

Cabe destacar la presencia de la E.S en los servicios sociales municipales. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, ha sido progresiva a lo largo de los últimos 20 años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental.

Pero, sin duda, es en el campo de los centros de atención a menores, en el que se produce una mayor presencia de profesionales de la E.S, tanto en el ámbito de la reeducación, como en el de la reinserción y la protección.

1.6.- Falta de adecuación terminológica de la profesión de E.S.

La figura del Educador y la Educadora Social existe tanto en la empresa privada como en la Administración Pública, si bien, la falta de regularización de la profesión hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional así como de las funciones asignadas a la misma.

Por ello se hace necesario adecuar la denominación de Educador/Educadora Social a los cargos ocupados, con los requisitos necesarios para el acceso en función de la titulación y elaboración de planes de desarrollo de las acciones que se deben ejecutar.

Segundo.- MARCO NORMATIVO ACADÉMICO DE LA E.S.

El reconocimiento académico y formativo de la E.S. se articuló a partir de la aprobación en el año 1991 del Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de Agosto, el cual reguló el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de educación social, una titulación universitaria de primer ciclo creada por el influjo de la reforma universitaria de 1981. Según el Real Decreto 1420/1991, son directrices generales propias de los planes de estudio:

“Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Diplomado en Educación Social deberán orientarse a la formación de un educador en los campos de: la educación no formal, la educación de adultos (incluidos los de la tercera edad), la inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socioeducativa (R.D. 1420/1991, BOE de 10 de octubre, preámbulo)”.

A partir de esa fecha, las distintas universidades han ido elaborando sus planes de estudio y la Diplomatura en Educación Social se convierte en Grado de Educación Social, impartiéndose en todas las comunidades autónomas.

Los/as profesionales de la educación social trabajan con el objetivo de ayudar en el proceso de socialización y desarrollo personal a los destinatarios de su intervención de la siguiente forma:

·        Mejorar las competencias y aptitudes de los individuos a través de procesos de enseñanza-aprendizaje.

·        Promocionar la autonomía e independencia de las personas,

·        Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales.

·        Favorecer la participación de los grupos e individuos.

·        Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo.

·        Favorecer el desarrollo sociocultural, socio-laboral, institucional y comunitario.

·        Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica.

·        Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno social.

·        Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de comprensión y análisis de la realidad sociopolítica.

·        Propiciar cambios de valores, actitudes y comportamientos de las personas acompañando a los sujetos en su adaptación, así como en los entornos comunitarios  transformación social.

Las actividades para las que habilita esta formación son muy variadas: animación sociocultural, trabajo en la administración pública en áreas de juventud, cultura, educación y bienestar social, dirección de centros de menores, animación de actividades extraescolares, programas de prevención de la marginación, turismo juvenil, turismo social y cultural, programas de formación ocupacional, educación de adultos, etc. Ahora bien, sea cual fuere el enfoque desde el cual se contempla la «actividad del/la educador/a social», parece evidente que ésta viene determinada, principalmente, por el ámbito social de su trabajo y el carácter educativo de su intervención.

Con el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se elevan estos estudios al rango de Título de Grado en E.S.

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Apoyar la petición del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES), presentado ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Congreso de los Diputados con fecha 27 de diciembre de 2016, con las consideraciones y argumentos recogidos en este acuerdo Plenario.

SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo Plenario al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, al Consejo General de Colegios Profesionales y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En Mairena del Alcor, a 23 de abril de 2017.

Fdo: María Antúnez González

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista

Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor

El Grupo Andalucista pide que se afine la regulación de los educadores sociales

Ha elevado para ello al pleno una moción que se debatirá el próximo martes

El Grupo Municipal Andalucista ha elevado a pleno una moción con la finalidad de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad regule de forma más adecuada la formación profesional de los Educadores Sociales, una profesión cuyo contenido formativo resulta susceptible de claras mejoras como desglose al detalle y concreción, básicamente a dos niveles: formativo y laboral. Cruciales dada la relevancia social de estos trabajadores que atienden a segmentos desfavorecidos de la sociedad. Además de lo que conlleva de dignificación y mejora laboral para los profesionales.

La petición se fundamenta en la necesidad de obtener tras su proceso formativo no sólo una titulación adecuada, sino ajustada a la realidad al objeto del mejorar el desarrollo de tan importante función social, entre cuyo cometido se abarca desde el tratamiento de las adicciones a la participación ciudadana, pasando por tan nobles tareas como el tratamiento de la diversidad, la problemática de convivencia a todos los niveles, apoyo formativo a la tercera edad, orientación y formación familiar, dependencia, prevención y tratamiento de la violencia de género, promoción de la igualdad genérica, diversas maneras de mediación, salud mental, infancia y juventud, tiempo libre, o apoyo penitenciario a la integración social, entre otros.

La problemática que acarrean dichos profesionales, que en muchos casos desarrollan sus tareas desde los ayuntamientos, obedece a la baja definición de su perfil profesional, lo que motiva confusión en los límites de sus funciones y competencias, al tiempo que fomenta el intrusismo y la precariedad laboral, en muchos casos cuando ejercen en el sector privado, aunque no sólo. Por todo lo cual, según entiende el Grupo Municipal Andalucista de Mairena del Alcor, es posible actuar para paliar la situación otorgándole a algunos reajustes relevantes.

La petición reclama que las medidas se hagan extensivas al conjunto de las Comunidades Autónomas del Estado Español para evitar disfunciones territoriales, y en el caso de Mairena del Alcor se plantea mediante moción elevada al pleno, que se debatirá el próximo martes 9 de mayo. Una propuesta que apoya la solicitud efectuada previamente ante las autoridades ministeriales por el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales el pasado 27 de diciembre, y que para la concejala Andalucista y delegada municipal del área de Igualdad y Bienestar Social, María Antúnez, resulta de especial interés impulsar “debido a la importante labor que estos trabajadores realizan cada día, y que yo conozco bien por mi cargo institucional”, ha indicado.

Iniciativa Legislativa Popular para la Proposición de la Ley Andaluza Contra la Pobreza Energética

El pasado 14 de Febrero los Andalucistas de Mairena del Alcor elevamos a Pleno una Moción mediante la que se insta a los Grupos Políticos con representación en la Cámara Andaluza a su debate y aprobación. Muchos ayuntamientos, además del nuestro, la han aprobado ya a propuesta de los concejales del antiguo PA. Ahora esperamos que los grupos presentes en nuestro Parlamento estén a la altura y la saquen adelante tras haber fracasado la anterior. A continuación la reproducimos en su totalidad para todas aquellas personas interesadas en conocerla al detalle:

AL SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO de

MAIRENA DEL ALCOR

Dª. María Antúnez González, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, considerando el tema que a continuación se expone de carácter social, y por ello, de interés general

PROPONE

Para su debate, y en su caso aprobación la siguiente:

INICATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PREÁMBULO

La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, así como la Directiva 2009/73/CE, del Parlamento Europeo y del Con­sejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, contienen el mandato de garantizar el sumi­nistro de energía necesario para los clientes vulnerables estableciendo la prohibición de des­conexión de dichos clientes en períodos críticos, considerando, por otra parte, que podría aplicarse un enfoque integrado, por ejemplo, en el marco de la política social, de modo que las medidas para hacer frente a la pobreza energética puedan incluir políticas sociales o me­joras de la eficiencia energética para la vivienda.

Asimismo, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de oc­tubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece que debe asegurarse que los consumidores vulnerables de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética.

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que regula los consumidores vulnerables y el bono social, no define las características sociales, de consumo y poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable, sino que remite a la normativa de desarrollo y aclara que, en todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.

La disposición transitoria décima, en espera de que se desarrolle reglamentariamente el citado precepto, concede el derecho a beneficiarse de la tarifa del bono social a consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, a consumidores de 60 años o más que sean pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad que perciban las cuantías mínimas, a consumidores que sean familia numerosa y a los consumidores que tengan a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo.

A pesar de estas medidas, la pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos, que ha agravado la situación. Medidas como el bono social eléctrico u otras, como los bonos sociales de entidades suministradoras de agua, no han tenido el efecto esperado a la hora de garantizar estos suministros básicos para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces.

Tal ineficacia se produce por una definición errónea de los destinatarios de las ayudas. El bono social eléctrico, puesto en marcha en 2009, es una tarifa con un descuento fijado por el Gobierno de España sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la nueva denominación de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que pretende proteger a un grupo de consumidores considerados vulnerables. Dos son los problemas que tiene esta medida: el primero es que la distribución se realiza sin tener como elemento clave la renta de las familias. Y el segundo, que se solicita exclusivamente a través de internet. El hecho de que se aplique el bono social sin solicitud de renta hace que el 80% de las solicitudes se hagan bajo el criterio de tener menos de 3 KW contratados y que un porcentaje muy alto de estas sean viviendas de segunda residencia, en las que son más habituales este tipo de contratos. En definitiva, se destinan recursos a las segundas residencias de hogares no vulnerables en lugar de destinarlos a las viviendas habituales de familias vulnerables.

El hecho de que la solicitud solo se pueda hacer por medios telemáticos hace que para los hogares vulnerables se añada una dificultad, puesto que es frecuente que las familias con dificultades económicas dejen de contratar esta conexión. Dicha situación resulta especial­mente palpable si se consideran las familias numerosas solicitantes del bono social, dado que no todas ellas están en una situación de vulnerabilidad clara que justifique la prioridad en la percepción de estas ayudas. El cambio en la forma de solicitud y la intervención de los Servi­cios Sociales competentes son fundamentales para hacer eficientes estas medidas.

El resultado es que entre el año 2011 y 2014, de acuerdo a los datos de la Comisión Na­cional del Mercado y la Competencia CNMC, han ido disminuyendo los usuarios que se  benefician de este tipo de tarifa social. Se trata de un descenso en el periodo en que la crisis económica en las familias ha sido más dura, por ejemplo con un notable aumento de hogares con todos sus miembros en paro. A ello debe añadirse que en estos años ha aumen­tado el gasto de municipios, y organismos privados, como Cáritas, a ayudas de urgencia, entre ellas, las que palían situaciones de pobreza energética.

Tabla 1. Evolución del número de consumidores con una potencia contratada inferior a 3Kw, distinguidos por tipo de consumidor. Años 2009 a 2014.

Años Consumidores con P<3 kW Desempleados Familias numerosas Pensionistas Total
2009 2646.928 15.032 64.832 277.815 3.004.607
2010 2.402.511 23.776 100.581 317.205 2.844.073
2011 2.169.869 31.067 118.611 307.893 2.627.440
2012 2.067.585 33.735 129.466 283.110 2.513.896
2013 1.986.822 48.881 150.872 283.790 2.470.365
2014 1.961.179 54.824 162.174 289.113 2.467.290
% 2014/2009 -25,91% 264,72% 150,14% 4,07% -17,88%

Fuente: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

El bono social para el gas tiene una formulación más reciente, a través de la reformulación de la Ley de Hidrocarburos. Más allá de los supuestos de acceso a dicho bono, lo verdadera­mente relevante es que se asocie el desarrollo del bono a la promoción del fracking. Los su­puestos de acceso aún no han sido desarrollados.

A la escasa eficiencia de las medidas para enfrentar el problema de la pobreza energética se unen los altos costes que los ciudadanos deben de afrontar una vez que, después de un corte del suministro, han de volver a activar el mismo. El conjunto de medidas puestas en marcha hasta este momento han obviado la relación existente entre pobreza energética y renta, que constituye la base sobre la que se fundamenta la presente ley.

Esta situación exige una inmediata respuesta de los poderes públicos para hacer efectivos los derechos proclamados por la Constitución Española a una vivienda digna y adecuada, con acceso a los suministros básicos para satisfacer las necesidades vitales que la dignidad de la persona requiere, así como para asegurar la protección social, económica y jurídica de la fa­milia y mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que ga­rantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, así como el derecho a las prestaciones sociales destinadas a su bienestar, reconociendo asimismo en su artículo 16 que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad. En coherencia con la cláusula de transformación social que contiene el artículo 9.2 de la Constitución Española, también el Estatuto de Auto­nomía de Andalucía incluye un mandato expreso a los poderes públicos de nuestra comunidad en materia de bienestar y cohesión social, orientado a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social.

Del mismo modo, sin perjuicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de vivienda (artículo 25); consumo (artículo 27); acción social (artículo 61.1a); aguas (artículo 50); energía, calidad del suministro y eficiencia energética (artículo 49.2b), y actividad de fomento (artículo 45), debe tenerse en cuenta la posibilidad que la Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016, de 17 de marzo, reconoce al legislador autonómico de desarrollar medidas asistenciales consis­tentes en prestaciones económicas tendentes a evitar la interrupción del suministro de elec­tricidad y gas a las personas vulnerables.

En ejercicio de las indicadas competencias y para garantizar el suministro energético a los ciu­dadanos y adoptar medidas de ahorro a largo plazo, se definen unas situaciones de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad que combinan la consideración del nivel de renta de las personas o uni­dades de convivencia con otras circunstancias sociofamiliares que justifican una mayor protección. Estas categorías ofrecen a los servicios sociales competentes para la valoración unas condiciones objetivas, junto a la propia imposibilidad de hacer frente a las facturas energéticas, para valorar el acceso a la ayuda y la cuantía, que se define en distintos tramos de cobertura según la considera­ción de la situación como vulnerable o especialmente vulnerable.

En cuanto al procedimiento a seguir, se establecen dos vías de acceso a la ayuda, tanto a instancia de los usuarios afectados como a iniciativa de los propios servicios sociales compe­tentes. En este sentido, es importante la incorporación de las empresas suministradoras a la prevención de la pobreza energética, al establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas, así como deberes de abstención durante su tramitación que aseguren la efectividad de las ayudas.

A todo ello hay que unir la previsión de un conjunto de intervenciones de microeficiencia destinadas a generar ahorro en el consumo energético y, asimismo, a dinamizar sectores de producción que permiten una reconversión del modelo productivo hacia sectores de innova­ción que tienen el cuidado del medio ambiente como eje.

Con el objetivo de que las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnera­bilidad energética puedan tener acceso a formación y a un puesto de trabajo posterior, son precisos planes de cursos de formación y empleo específicos. Para enfrentar el problema de la pobreza energética hacen falta líneas de acción desde los diferentes departamentos exis­tentes a nivel laboral, social, sanitario y educativo que solucionen el problema no solo a corto plazo, sino también en el medio y largo plazo.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente ley la adopción de medidas para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Definiciones.

  1. A efectos de la presente ley, se entenderá por pobreza energética aquella situación de dificultad en la que se encuentra una persona o unidad de convivencia en la Comunidad Au­tónoma de Andalucía para hacer frente al pago del consumo energético con el que satisfacer sus necesidades domésticas básicas, lo que conlleva una falta de acceso normalizado a los servi­cios básicos de electricidad, gas y agua. Reglamentariamente, se determinarán el mínimo de servicios energéticos garantizados a los efectos de esta ley.
  2. Se entenderá por medidas para paliar y reducir la pobreza energética todas las actua­ciones encaminadas a disminuir sus efectos inmediatos, así como el número de personas que la padecen.
  3. Se entenderá por hogar en situación de vulnerabilidad la vivienda habitual de una per­sona o unidad familiar en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad.

Artículo 3. Definición de situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad.

  1. Tienen la consideración de personas o unidades de convivencia en situación de vulne­rabilidad aquellas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, que sufran o que tengan algún miembro que sufra violencia de género o violencia familiar, que sean o que tengan algún miembro que sea víctima de terrorismo, y aquellas que así se califiquen en virtud de las especiales circunstancias socioeconómicas que les afecten.
  2. a) Se entenderá por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o infe­riores a dos veces el IPREM, en cómputo anual.
  3. b) También se entenderá, entre otros supuestos, por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a dos veces el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se en­cuentren, además, bien individualmente o en el seno de la unidad de convivencia, en alguna de las situaciones que se relacionan a continuación:

1.ª La unidad de convivencia con, al menos, un menor a cargo.

2.ª La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

3.ª Persona que sufra violencia de género o unidad de convivencia en la que exista violencia de género.

4.ª Personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o desahucio por falta de pago de renta.

5.ª Víctimas de terrorismo.

6.ª Persona que tenga o unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33 %, situación de depen­dencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

7.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga un deudor hipotecario, que se en­cuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

8.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga una persona deudora hipote­caria mayor de 60 años.

9.ª Afectados por situaciones catastróficas.

  1. En situación de especial vulnerabilidad se encuentran las personas o unidades de con­vivencia cuyos miembros padecen una situación de vulnerabilidad agravada por sufrir una situación económica severa, o en la que se produce la concurrencia de factores como la edad, número de personas que integran la unidad de convivencia, discapacidad, dependencia, en­fermedad, exclusión social, víctimas de violencia de género o circunstancias que afecten a los derechos humanos, económicas, situaciones de desempleo, así como otras de naturaleza análoga que provoquen en la persona o unidad de convivencia una situación de especial riesgo de sufrir una grave desestructuración personal, económica, social o afectiva.
  2. a) Se entiende que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad las per­sonas o unidades de convivencia cuyos ingresos totales sean iguales o inferiores a una vez el IPREM, en cómputo anual.
  3. b) También se considerará en situación de especial vulnerabilidad a las personas o uni­dades de convivencia cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, además, en alguna de las situaciones relacionadas en la letra b del apartado anterior.
  4. Además de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, se entiende que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad aquellos casos de emergencia social que determinen los servicios sociales, de acuerdo con los criterios estable­cidos en los apartados anteriores.
  5. La situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad se acreditará, a solicitud de la persona o unidad de convivencia interesada, mediante informe de la Administración competente en materia de servicios sociales en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Ambas situaciones se mantendrán vigentes mientras permanezcan las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, sin perjuicio de su revisión periódica.

CAPÍTULO II

Medidas para paliar y reducir los efectos de la pobreza energética

Artículo 4. Ayuda en el pago de la factura del consumo energético.

  1. El derecho de acceso a los suministros básicos energéticos se garantizará mediante la concesión de las ayudas que por su naturaleza correspondan en el marco de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales, además de las ayudas de urgencia destinadas a resolver necesidades básicas de subsistencia.
  2. La situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad de una persona o unidad de convivencia conllevará el acceso a las ayudas de urgencia para el pago de los consumos energéticos que no puedan ser afrontados por su situación económica.

El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda se realizará previa acredita­ción de la necesidad por la persona o unidad de convivencia interesada y en las condiciones y cuantía que informen los servicios sociales correspondientes. Estas ayudas formarán parte del régimen de las ayudas de urgencia y tendrán naturaleza esencial.

  1. Las personas o unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán un pago de hasta el 100% de la fac­tura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la fina­lidad de evitar el corte de suministro.
  2. Las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que cumplan las condiciones de acceso al derecho recibirán hasta el 50% de la factura energética que no puedan afrontar, en los términos de la valoración social y con la finalidad de evitar el corte de suministro. Se podrá incrementar hasta el 75% tomando en consideración los miembros de la unidad de convivencia.
  3. En los dos casos anteriores se analizará, asimismo, la factura energética de los hogares para considerar si existen medidas disponibles de eficiencia energética que se puedan llevar a cabo de manera simultánea a la ayuda en la factura para evitar el corte del suministro.
  4. Las ayudas en el pago de la factura del consumo energético se concederán tanto para evitar el corte del suministro como para restaurarlo en el supuesto de haber sido interrumpido, de manera que el importe de la ayuda podrá incluir el coste para el beneficiario de la reanu­dación del suministro.
  5. El pago de los consumos energéticos con cargo a esta ayuda no podrá incluir los costes derivados de la interrupción del suministro ejecutado por el suministrador sin cumplimentar los procedimientos de información previstos en esta ley.

No obstante, el incumplimiento de los deberes de información que para asegurar la efecti­vidad de las ayudas establece la presente ley en ningún caso deberá impedir la reanudación del suministro a la persona o unidad de convivencia beneficiarios de la ayuda, por lo que ex­cepcionalmente podrán sufragarse los anteriores costes.

Artículo 5. Procedimiento para evitar la suspensión del suministro o proceder a su resta­blecimiento.

  1. Cuando los profesionales de los Centros de Servicios Sociales detecten el caso de una persona o unidad de convivencia en que se haya procedido o pueda procederse a la suspensión del suministro correspondiente a su vivienda habitual como consecuencia del impago de la fac­tura, realizarán una valoración técnica para verificar si cumplen los requisitos para ser benefi­ciario de las ayudas previstas en el artículo anterior. En este supuesto, se pondrá en conoci­miento del suministrador a los efectos de posibilitar la continuidad o restablecimiento del servicio.
  2. En el caso de que una empresa comercializadora de energía haya procedido o quiera proceder al corte del suministro en la vivienda habitual de una persona o unidad de convi­vencia por razones de impago, el usuario comunicará dicha circunstancia a los Servicios So­ciales competentes.
  3. Con el objetivo de asegurar la eficacia de las medidas de protección social establecidas en esta ley, existiendo acreditación de persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad o encontrándose la misma en tramitación, la empresa suministradora no procederá a la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de la prestación económica que corresponda destinada al pago de la factura del consumo energético.

Artículo 6. Cooperación con las empresas suministradoras.

  1. Las administraciones públicas establecerán los acuerdos o convenios necesarios con los suministradores de agua potable, de gas y de electricidad para el desarrollo de estas medidas para evitar la pobreza energética y apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad energética.
  2. Para evitar la interrupción del suministro por falta de recursos económicos de las per­sonas o unidades de convivencia en situación de riesgo de emergencia social, se fomentará la concesión de ayudas o la aplicación de descuentos en el coste de los consumos mínimos.
  3. El suministrador de los servicios básicos de agua potable, gas y de electricidad infor­mará a los usuarios, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de las previsiones relativas a la pobreza energética establecidas en esta ley.

Artículo 7. Incompatibilidades.

  1. La prestación establecida en esta ley es incompatible con otras ayudas destinadas a paliar las situaciones de pobreza energética.
  2. Se exceptúan de esta incompatibilidad las situaciones en las que las cuantías perci­bidas por estas ayudas sean inferiores a las establecidas en esta ley, en cuyo caso podrán completarse hasta el límite de las cuantías que como máximo cabe recibir conforme a esta ley, y durante los periodos del año en los que en un hogar en situación de vulnerabilidad no se esté recibiendo ningún pago en virtud de esta condición.
  3. En cualquier caso, el beneficiario de la prestación establecida en esta ley deberá hacer constar que es beneficiario de otra ayuda o que ha iniciado un trámite similar ante otra Admi­nistración Pública.

Artículo 8. Plan de medidas de eficiencia energética.

  1. El Gobierno de Andalucía elaborará un Plan de medidas de eficiencia energética en el que se priorizarán las actuaciones en hogares en situación de vulnerabilidad energética.
  2. Estas medidas estarán destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, el ahorro energético que permitirá reducir el consumo y, por lo tanto, el coste de la factura de electricidad, agua y gas en los hogares en situación de vulnerabilidad.

El Plan se instrumentará de manera que facilite a estos hogares la realización de audito­rías energéticas y la posterior implementación de las medidas propuestas más rentables.

  1. El Plan incluirá también acciones dirigidas a estudiar las posibilidades de reducir la po­tencia contratada de los hogares y se estudiará si concurre alguno de los presupuestos habi­litantes para solicitar el bono social, en caso de que el consumidor vulnerable no se estuviera beneficiando de dicha tarifa reducida.
  2. Este Plan tendrá una duración de tres años y para su elaboración se creará un Comité de seguimiento, que trabajará con las entidades locales y sus servicios sociales, así como con los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las em­presas de suministro energético a la hora de definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer una serie de indicadores que permitan evaluar los resultados de su implementación y arrojar datos sobre la reducción de la pobreza energética en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  3. Los hogares en situación de vulnerabilidad en esta materia tendrán prioridad en el acceso a las medidas de microeficiencia energética, con una financiación pública de sus intervenciones que supondrá entre el 25% y el 100% de su coste en función de la situación de vulnerabilidad.

Como acción previa y necesaria a la elaboración de este Plan, se realizará un proyecto piloto que permita profundizar en el conocimiento de las diferentes tipologías de las viviendas en cuanto a las características de sus cerramientos y de los equipos consumidores de energía, así como de los propios hábitos de consumo de las familias.

CAPÍTULO III

Financiación de las medidas previstas en la ley

Artículo 9. Financiación de la ayuda en el pago de la factura del consumo energético.

  1. La financiación de las prestaciones económicas dispuestas en esta ley dependerá de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las cuantías recaudadas por el cobro de las sanciones derivadas de esta ley podrán incorporarse a estas prestaciones económicas.

  1. El Gobierno de Andalucía impulsará ante el Gobierno de España aquellas modificaciones legislativas que permitan obtener tarifas más accesibles a las personas y hogares en situa­ción de pobreza energética y vulnerabilidad energética.

Artículo 10. Financiación de los planes de medidas de microeficiencia energética.

La financiación de las medidas de microeficiencia energética se podrá realizar mediante financiación autonómica, mediante fondos procedentes de la Administración General del Es­tado, como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y a través de fondos europeos por la implementación de los Programas Operativos de los Fondos EIE correspondientes al periodo de financiación 2014- 2020, enmarcados en el Acuerdo de Asociación firmado entre España y la Comisión Europea para el mencionado periodo.

CAPÍTULO IV

Procedimientos de tramitación y colaboración con las Administraciones locales

Artículo 11. Tramitación ante las entidades locales.

Las entidades locales pondrán a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que estos puedan solicitar las ayudas, así como otras medidas dispuestas en esta ley de manera pre­sencial, sin perjuicio de que se puedan habilitar los medios para solicitarla telemáticamente.

Artículo 12. Colaboración entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales.

La Comunidad Autónoma de Andalucía y las administraciones locales establecerán los ca­nales de colaboración y comunicación oportunos para la tramitación de las solicitudes y demás obligaciones establecidas en esta ley. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Andalucía establecerá con las entidades locales competentes los convenios de colaboración pertinentes para que estas puedan afrontar sus costes.

CAPÍTULO V

Régimen sancionador

Artículo 13. Inspección, control y potestad sancionadora.

La función de inspección, control y potestad sancionadora corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

Artículo 14. Infracciones y sanciones.

  1. Constituyen infracciones leves:
  2. a) El incumplimiento de la obligación de los beneficiarios de comunicar la percepción de otras ayudas para evitar o paliar el problema de la pobreza energética o de otras infor­maciones que les pudieran ser requeridas por los trabajadores sociales competentes para valorar la existencia del derecho a las ayudas reguladas en esta ley.
  3. b) El incumplimiento por los suministradores de los deberes de información que para ase­gurar la efectividad de las ayudas establece el artículo 6.3.
  4. Constituyen infracciones graves:
  5. a) La reiteración de las conductas tipificadas como infracciones leves.
  6. b) El incumplimiento por los suministradores de los deberes que para asegurar la efecti­vidad de las ayudas establece el artículo 5.3.
  7. Constituirá infracción muy grave la reiteración de las conductas tipificadas como infrac­ción grave en el apartado anterior.
  8. Se establecen las siguientes sanciones:
  9. a) Las infracciones leves serán sancionadas con la suspensión del derecho de acceso a las ayudas previstas en esta ley por un tiempo no superior a 3 meses o con multa equi­valente al resultado de multiplicar hasta 25 la cantidad adeudada.
  10. b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de mul­tiplicar hasta 50 la cantidad adeudada.
  11. c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de multiplicar hasta 100 la cantidad adeudada.

Disposición adicional única. Evaluación de las medidas sobre pobreza energética.

  1. La Administración de la Comunidad Autónoma, en el plazo de seis meses desde la apro­bación de esta ley, presentará un estudio de evaluación de las medidas aplicadas en materia de pobreza energética. En él se contendrá una memoria descriptiva de los procedimientos activados en el marco de los convenios firmados con los diferentes suministradores, para evitar la suspensión del suministro, el análisis de las necesidades básicas energéticas a los efectos de considerar el mínimo vital garantizado y recomendaciones de actuación.
  2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales de Andalucía, con la participación de la Federación Andaluza de Municipios y Pro­vincias, actuarán bajo el principio de colaboración en el estudio, análisis e implantación de medidas para evitar y superar la pobreza energética.
  3. En el seno del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales, se incluirá el análisis de la pobreza energética y las líneas de acción a desarrollar en el conjunto de las políticas sociales.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno de Andalucía aprobará el reglamento de desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de la inmediata implementación de las prestaciones para paliar las situaciones de vulnerabilidad en materia de pobreza energética.

Disposición final segunda. Plazo para la aprobación del Plan de medidas de eficiencia energética.

El Plan de medidas de eficiencia energética deberá estar aprobado en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final tercera. Publicación y entrada en vigor.

La presente Ley se publicará en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”, y entrará en vigor el día si­guiente al de su publicación.

En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista de Mairena del Alcor eleva al pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Iniciativa Legislativa arriba expuesta.

 

SEGUNDO.- Como Ayuntamiento Promotor de la Iniciativa, se aprueba que el representante titular del Ayuntamiento en la Comisión Promotora sea Dª María Antúnez González como Portavoz del Grupo Andalucista, promotor de la iniciativa en Mairena del Alcor, y suplente el edil que la Corporación que se decida por mayoría suficiente.

En Mairena del Alcor, a 18 de enero de 2017.

Fdo: María Antúnez González

Portavoz del Grupo Municipal Andalucista Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor